Saltar al contenido

2 de junio de 2018

Señora
Emilia Ruiz
Directora de Teletón Colombia
Ciudad

Apreciada Emilia,

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas ha observado con gran preocupación que las campañas de sensibilización- públicas y privadas- promovidas sobre las personas con discapacidad, tal como el Teletón, reflejan el modelo caritativo de la discapacidad. La dignidad y los derechos de las personas con discapacidad deben ser respetados en todas sus acciones. El Comité recomendó a Colombia en el 2016 garantizar la promoción de imágenes respetuosas de los derechos de las personas con discapacidad y combatir estereotipos negativos en todas las campañas de educación pública e iniciativas privadas. Así mismo, los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos, que aplican a todas las empresas, reconocen que se debe cumplir todas las leyes aplicables y respetar los derechos humanos. Desde el Sistema de Naciones Unidas nos preocupa que: "el Estado miembro delegue algunas de sus obligaciones relacionadas con la habilitación y rehabilitación de personas con discapacidad en la empresa privada Teletón, sin una adecuada auditoría o fiscalización, y sin consultar a las organizaciones de personas con discapacidad", así se afirma en las recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el informe de Colombia del 2016. Por eso, frente a esta preocupación les queremos recomendar consideren iniciar un diálogo con las organizaciones de personas con discapacidad y consulten sobre estas campañas respecto a los servicios de habilitación y rehabilitación ofrecidos. Finalmente, como Sistema de Naciones Unidas nos permitimos enfatizar a que centren sus actividades y mensajes en la dignidad y los derechos humanos de las personas con discapacidad.

Martin Santiago Herrero
Coordinador Residente y Humanitario

Alberto Brunori
Representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Sistema de las Naciones Unidas en Colombia

UNITED NATIONS NACIONES UNIDAS

Avenida 82 No. 10-62 Piso 3
Apartado Aéreo 091369
BOGOTA-COLOMBIA
Oficina del Coordinador Residente
PBX (57) 1-488 9000

2

 

 

COMUNICADO ABIERTO DEL MOVIMIENTO SOCIAL DE DISCAPACIDAD COLOMBIA

MOSODIC, MANIFIESTA Y COMPARTE ANTE LA OPINIÓN PUBLICA LOS 7 MINIMOS  DONDE FIJAMOS NUESTRA ADHESIÓN Y RESPALDO POLÍTICO AL PROGRAMA DE GOBIERNO DE LA <COLOMBIA HUMANA>

Desde el Movimiento social de Personas con Discapacidad, estamos absolutamente convencidos que mientras no se produzca una transformación de las estructuras institucionales y sociales que tiendan a superar todas las formas de desigualdad y discriminación social, y mientras no exista ningún programa político, que se comprometa radicalmente a propiciar estas condiciones, será imposible garantizar que las personas con discapacidad puedan salir paulatinamente de las crisis humanitaria, la exclusión, la segregación   y la pobreza a la que han estado sometidos durante décadas en Colombia.

En nuestro análisis, es el programa de gobierno de la <Colombia Humana> la única propuesta que resalta el valor y la necesidad de ejercer un gobierno en donde las nuevas ciudadanías y el amplio espectro de la diversidad poblacional del país, encuentren una voz propia, señalando de forma particular y literal entre otras a la población con discapacidad. Sin embargo, estos no son los únicos elementos que sustentan nuestro respaldo político y poblacional al proyecto que representa Gustavo Petro, por el contrario los siguientes puntos, desde nuestro enfoque político-organizativo, definen nuestra adhesión política y justifican la que será nuestra votación. En toda forma, estamos convencidos que estos  siete mínimos no solo son vigentes  en el actual contexto de la nación, sino que tendrán vigencia durante los próximos años de la construcción social de la paz. Planteado lo anterior, un gobierno que se piense una dimensión social y política de la discapacidad debe:

  • Propiciar procesos de modernización.

Colombia requiere un proceso de modernización institucional, política y cultural que permita la protección de las libertades, de los derechos humanos y que permita el reconocimiento de la pluralidad regional y la diversidad humana que constituye toda la nación. Colombia ha transitado por 200 años de historia republicana, pero no ha podido resolver los problemas sociales y políticos que implica un estado nacional del siglo XXI, de forma que mientras no se reconozca y garanticen los derechos de la diversidad poblacional en su conjunto, Colombia se considerará como un estado atrasado y provincial. Colombia vive en la actualidad con los problemas heredados por la vieja colonia y a estos se le suman  los problemas sociales propios de estos tiempos. Por lo tanto, el país debe entrar en un nuevo estadio de modernización, que le permita superar las condiciones sociales heredadas del siglo XVII y le permita pasar a una suerte de estado de bienestar, donde se puedan garantizar todos los derechos poblacionales incluyendo los de las personas con discapacidad. En suma, se trata de la necesidad de un gobierno que propicie procesos de modernización real que le permita a Colombia entrar en la modernidad. Por lo tanto,  las personas con discapacidad  necesitamos la modernización del Sistema Nacional de Discapacidad.

 

  • Garantizar la paz con justicia social y ambiental.

En Colombia durante los últimos 60 años, los conflictos armados han provocado como efecto social el aumento de diversas discapacidades, ha acentuado las crisis humanitarias de las personas con discapacidad, y ha sido el caldo de cultivo para la formación de unas instituciones estatales y públicas que definen sus políticas y programas más como estrategias para justificar la guerra, que para asegurar y proteger los derechos humanos de todas las poblaciones. Durante estos últimos 60 años de guerra deshumanizante, por una parte la discapacidad ha aparecido como efecto de la fuerza y violencia desmesurada de todos los actores armados y por otra,  las personas con discapacidad han sido despojadas de su condición humana, para poder ser utilizadas como objetos de guerra y objeto de distintas formas de violación. De forma que para superar estas graves situaciones, el próximo gobierno no solo debe tener el compromiso de respetar e implementar los acuerdos de paz suscritos con los grupos insurgentes, sino profundizar la construcción de la paz como derecho síntesis, para  depurar todas las formas de violencia y asegurar un estado de bienestar.

 

  • Fortalecer y profundizar el estado social de derecho.

Durante la prolongada guerra interna colombiana se puso en riesgo y se frustró profundamente la consolidación del estado social de derecho, cerca de convertir un estado fallido que no pudo garantizar los derechos humanos de su población. En tal sentido las personas con discapacidad en Colombia pueden ser consideradas como sujetos de derechos y  como población objeto de las políticas de protección social universal, exclusivamente bajo un gobierno que no solo respete las condiciones dadas por el estado social de derecho, sino que en el contexto colombiano genere las condiciones para reforzar y profundizar el mismo.  Sin lugar a duda, Es solo bajo el estado social de derecho donde las personas con discapacidad podemos cambiar nuestras  condiciones materiales y donde podemos tener un lugar de importancia en la sociedad las mujeres con discapacidad; los niños y niñas con discapacidad; las personas con discapacidad de grupos indígenas y  afrodescendientes; las personas con discapacidad con orientaciones sexuales diversas y las víctimas del conflicto armado con discapacidad. Por lo tanto. La circunscripción especial para la Discapacidad y las victimas con Discapacidad del conflicto armado, es un espacio fundamental  para avanzar  en nuestro reconocimiento  como sujetos sociales y políticos de derecho.

 

 

  • Pasar de la economía extractiva a la economía de tercer sector.

Los impactos sociales y ambientales del modelo económico minero-extractivo han recaído sobre la población con discapacidad en tres dimensiones identificables. En primer lugar, la contaminación ambiental sobre los territorios y en particular la contaminación de los recursos hídricos provocan un riesgo potencial que genera discapacidades. En segundo lugar, pese a no tener cifras precisas, el trabajo pesado en las minas y pozos petroleros ha ocasionado diversas discapacidades sobre los trabajadores. En tercer lugar, desde una perspectiva socio-económica ligada al modelo social de la discapacidad, los modelos económicos sustentados en la extracción minera y petrolera excluyen laboral y profesionalmente a las personas con discapacidad e incluso no permiten valorar el potencial de sus capacidades en el campo de la producción económica; de forma que es solo en los modelos de las economías de tercer sector, donde la población con discapacidad puede verdaderamente liberar toda su capacidad y fuerza productiva. En tal sentido, es en el sector de venta de servicios, en el sector de la manufactura y comercialización de objetos acabados o en el sector del turismo donde se puede evidenciar el máximo de potencialidad laboral y productiva de las personas con discapacidad; que de acuerdo con el banco Mundial puede representar entre el 5 y 6% del producto interno bruto.

 

  • Promover una economía local rural.

La modernización de la ruralidad colombiana es esencial e imperiosa, dado que tal como se conoce  actualmente profundiza la exclusión social, acentúa las prácticas de estigmatización  y el atraso poblacional. La vigente realidad de la ruralidad colombiana, ha propiciado el aislamiento de las personas con discapacidad de la cadena de valor de la producción económica agraria, así como a restringido los procesos de modernización local que permitan la absoluta autonomía y accesibilidad regional de esta población en el campo. Se podría decir que es una nueva dimensión de la ruralidad, ligada a la profundización de un nuevo modelo económico que fortalezca y modernice la producción agroindustrial y libere las economías rurales de segundo y tercer sector, la estrategia idónea  para transformar la anulación que se ha ejercido sobre las mujeres y hombres del campo  con discapacidad del contexto rural del país.

 

  • Garantizar una educación universitaria gratuita y universal.

De acuerdo a los datos del DANE solo el 1% de la población con discapacidad cuenta con estudios universitarios, haciendo evidente la ausencia de igualdad y la falta de oportunidades educativas  para la población con discapacidad. En tal sentido, bajo las condiciones de la calidad, gratuidad y la universalidad, la formación universitaria es imprescindible tanto para liberar todo el potencial de capacidades, así como para transformar la calidad de vida  de las personas con discapacidad. Por otra parte, enfrentados al contexto mundial, en el cual se vislumbra una nueva revolución sociocultural, ligada estrechamente a la producción de conocimiento y al desarrollo de nuevas tecnologías que están modificando las formas tradicionales de producción; creemos que las personas  con discapacidad tenemos todas las capacidades potenciales  para aportar y profundizar las condiciones de estos nuevos retos en el país, sin embargo, es fundamental la puesta en marcha de un sistema educativo superior  universal y accesible, donde tengamos un lugar visible  y donde podamos liberar el máximo de nuestra producción intelectual y de nuevos conocimientos. En Colombia debemos pasar de seguir apelando a las citas y al ejemplo científico de Stephen Hawking y crear realmente las condiciones sociales y educativas, que permitan liberar y emerger los Stephen Hawking que se encuentran en la población con discapacidad del país.

  • Ratificación urgente del protocolo de seguimiento de la ONU.

En la actualidad el estado colombiano ha reconocido la existencia de los derechos humanos de las personas con discapacidad a partir de la ratificación y consecuente incorporación en el bloque de constitucionalidad, de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU, sin embargo, la necia negación de las instituciones estatales  de la discapacidad como realidad social, acentuada profundamente por la larga confrontación armada entre otras, no ha permitido ni ha propiciado la implementación de este marco jurídico para proteger los derechos de la población con discapacidad. De forma que en la actualidad es indispensable ratificar el Protocolo facultativo de seguimiento de la Convención internacional de la ONU, no solo como mecanismo complementario de la Convención en sí misma, sino como herramienta supranacional que condicione  y obligue al estado colombiano a proteger y asegurar todos los derechos humanos de las personas con discapacidad del país. La ratificación de este Protocolo Facultativo permitiría el monitoreo y verificación internacional del estado de los derechos humanos de las personas con discapacidad, que hasta ahora ningún gobierno nacional ha podido garantizar efectivamente. Finalmente, bajo estos mínimos, convocamos desde la diversidad humana, a todas las personas con discapacidad del país a emprender la construcción ética y responsable de una Colombia más humana, solo nosotros desde la diferencia  definitivamente podemos contribuir a este propósito. Igualmente convocamos a la pluralidad poblacional del país y  a todas y todos los colombianos, conscientes de la necesidad de transformar y construir un nuevo proyecto colectivo de país, donde podamos encontrar un lugar real de vida y existencia, a apoyar el proyecto político que representa la <Colombia Humana>.

Porque somos constructores de esperanza, porque creemos en la paz con justicia social y ambiental y porque deseamos profundamente arrebatarle la vida a la guerra; somos el Movimiento Social de Personas con Discapacidad Mosodic-Colombia y queremos que Gustavo Petro, sea nuestro presidente.

 

Coordinación Nacional Mosodic

www.mosodic.org