Propuesta Del Frente Amplio Por La Población Colombiana Con Discapacidad Al Pacto Histórico

SOCIALIZAR

Gustavo Petro Presidente (2022 – 2026)

PUEDE LA DIVERSIDAD, PACTO POR LA DIGNIDAD

Las 40 organizaciones, colectivas y colectivos de personas con
discapacidad y activistas por los derechos humanos, de distintas
regiones del extenso territorio colombiano, nos adherimos al pacto
histórico para fortalecer la diversidad y pluralidad real del Pacto
Histórico firmado por Gustavo Petro y Maria Jose Pizarro el 6 de
Diciembre del 2021, para materializar en un programa político, la
perspectiva renovadora, alternativa y vanguardista, de los amplios
sectores progresistas de la población con discapacidad y para
contribuir a la victoria electoral de un nuevo gobierno constituido
por nuevas ciudadanías de la diversidad, de la paz con justicia
social, y de la resistencia.

Nos juntamos para construir este >Mandato político de la
diversidad humana>, siendo conscientes que no representamos las
cerca de 7 millones de personas con discapacidad del país, sin
embargo, si estamos seguros que representamos la digna rabia y
malestar social de miles de personas con discapacidad, que durante
décadas han sido tratados como menos válidos por el estado y las
instituciones colombianas, que han sido utilizados como objetos de
mendicidad, que han sido sometidos a la extrema pobreza, que han
sido oprimidos con dureza por el conflicto armado y todas las
formas de violencia, utilizadas e instrumentalizadas por los engaños
y falsedades de la politiquería decadente enlazada a la corrupción; y
que no por ello, merece un lugar y espacio de dignidad en esta
tierra, que merece sentirse amada por el país que desde la
resiliencia ha podido construir.

Con este >mandato político>, queremos no solo fortalecer un
proyecto de unidad, que solo es posible con la potencia real y
transformadora de la diferencia, sino que queremos hacer visible
un punto de partida inicial que abra el camino para la igualdad de
oportunidades y la emancipación efectiva de todas las personas
con discapacidad del país, así como de sus familias y de las redes de
cuidado que se tejen alrededor de esta.

Con este <Mandato> constituido por siete ejes estructurales,
damos sentido y razón de nuestra adhesión al Pacto histórico y
abrimos el debate nacional, hacia una era de construcción de paz
que no es posible sin la diversidad, pluralidad y distinción que
representamos las personas con discapacidad.

PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO:

1.Transversalización del enfoque de derechos humanos en la
Arquitectura Institucional y las políticas públicas para la población
con discapacidad y sus familias.

De acuerdo con los más recientes datos del Censo Nacional (2018),
el número de personas con discapacidad superan el 7% de los
colombianos. Se hace necesario depurar todas las barreras sociales,
políticas y económicas que enfrenta la población colombiana con
discapacidad y trazar una política de estado que asegure la igualdad
de oportunidades para todas las personas de nuestra población.
Las personas con discapacidad inmersas en las distintas poblaciones
que constituyen el tejido social del país, no son tomadas en cuenta
para la planeación del desarrollo socioeconómico nacional y aún
menos de los departamentos y municipios, dado que continuamos
experimentando múltiples barreras que obstaculizan el acceso a los
espacios de participación ciudadana vinculante, de educación y de
formación como sujetos políticos. Para ello proponemos:
• Ratificar el protocolo facultativo de Convención de Derechos
de Personas con Discapacidad, y el Protocolo Opcional de la
Convención Contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o
Degradantes (OPCAT).
• Establecer en el marco del futuro proyecto de reforma política
una circunscripción especial electoral, que abarque las elecciones
internas de los partidos, para Garantizar la participación política
efectiva de la población con discapacidad en los consejos
municipales, diputaciones departamentales y las dos cámaras del
poder legislativo.
• Fortalecer el observatorio de derechos humanos de las
personas con discapacidad como soporte técnico en la elaboración
de informes de carácter nacional e internacional que den cuenta de
la implementación y desarrollo de las políticas públicas de
discapacidad
• Aplicación efectiva y preferente de la Ley 1752 de 2015,
Antidiscriminación, con reparación para los afectados.
• Acatar plenamente los mandatos establecidos por la
Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, así como de las metas
trazadas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS y la agenda
2030).
● Garantizar el acceso de Personas con Discapacidad al sistema
de seguridad social (Salud y Pensión) es decir al mínimo vital,
cuando no tengan un ingreso por trabajo con ajustes razonables
o de trabajo independiente real no de subsistencia
● Revisar el bloque de normatividad jurídica incluyendo la Ley 100,
CONPES, y todas las normas nacionales, territoriales, municipales
y distritales que atropellan los derechos de Personas con
Discapacidad de ahora en adelante en cumplimiento a la ley
1346 de 2009

2.AUTONOMÍA JURÍDICA

Para que una persona sea autónoma se necesita que le respeten su
personalidad jurídica y sus derechos fundamentales, al respecto la
ONU hace referencia en sus recomendaciones al ejercicio de la
capacidad jurídica.
Las Personas con discapacidad de todas las discapacidades
tradicionalmente se han visto privadas de su capacidad jurídica, ya
sea por legislación restrictiva que afirma protegerlas, tal como
sucede con la ley 1306 de 2009 y disposiciones del Código Civil,
pero sobre todo por toda una cultura que las priva de poder tomar
decisiones asumiendo que su discapacidad les impide hacerlo. De
este modo se promueven graves vulneraciones hacia las Personas
con discapacidad en su vida íntima, en sus decisiones sobre salud
sexual y reproductiva, carecen por completo de acceso a la justicia,
no pueden trabajar en condiciones dignas y están expuestas a ser
abusadas y explotadas por sus curadores. Al respecto proponemos:
• Establecer que el Proyecto de Ley 027 de 2017, que cursa y
reforma el régimen de capacidad jurídica en Colombia, se rija y
reglamente en consonancia con lo señalado por el Comité de la
CDPD en las Observaciones al Estado colombiano.
• Superar el modelo clínico- rehabilitador: la contención
mecánica, la sedación forzada, la institucionalización psiquiátrica sin
consentimiento, la interdicción, la esterilización, la negación de
derechos políticos, sociales y económicos para personas con
discapacidad y se registren sus quejas como denuncias por
discriminación.

3. GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN GRATUITA Y UNIVERSAL

El acceso a la educación es la barrera inicial que restringe a las
personas con discapacidad a las posibilidades de obtener un
trabajo de calidad. Según el RLCPD (2013), de cada 100
colombianos con discapacidad, 66 saben leer y escribir y en el
caso de los niños entre 5 y 14 años de edad es del 33%. El 17% de
personas con discapacidad terminaron sus estudios secundarios y
sólo el 3.4% lograron terminar estudios técnicos o superiores.
(CONPES 166 Pag 23).
Para lo anterior proponemos:
• Destinar un porcentaje específico del presupuesto nacional de
educación para la implementación de una política educativa de
acceso universal para niños, niñas y jóvenes con discapacidad, con
garantía en el acceso en igualdad de condiciones en los diferentes
niveles de formación.
Y cuya distribución esté destinada al aumento y sostenimiento de
coberturas, la cualificación de docentes, ajustes razonables en
infraestructura, material pedagógico (currículos flexibles) y nuevas
tecnologías de punta; priorizando regiones, zonas rurales y
territorios afectados por la violencia.
Además, la incorporación de las variables de discapacidad en los
proyectos educativos institucionales.
• Garantizar la total gratuidad de la matrícula para estudiantes
con discapacidad en las universidades públicas, como único
mecanismo efectivo para garantizar el acceso, permanencia y
egreso de las personas con discapacidad de la educación superior
del 20% mínimo de la población con discapacidad del país.
• Crear un programa específico de educación de alto nivel en el
Ministerio de ciencia y tecnología, que permita y asegure estudios
de posgrado en el exterior de profesionales e investigadores
universitarios con discapacidad.
• Garantizar a través de Colciencias la financiación de proyectos
de investigación, innovación y desarrollo constituido por personas
con discapacidad y dirigidos a analizar y aumentar la calidad de vida
de esta misma población.
* Reducir en el 80% los costos de matrícula para estudiantes con
discapacidad en las universidades públicas, como único mecanismo
efectivo para garantizar el acceso, permanencia y egreso de las
personas con discapacidad de la educación superior

4. PASAR DE LA ECONOMÍA EXTRACTIVA A LA ECONOMÍA DE
TERCER SECTOR (CON USO DE TECNOLOGÍAS DE PUNTA).

Los impactos sociales y ambientales del modelo económico
minero-extractivo han recaído sobre la población con discapacidad
en tres dimensiones identificables. En primer lugar, la
contaminación ambiental sobre los territorios y en particular la
contaminación de los recursos hídricos provocan un riesgo
potencial que genera discapacidades.
En segundo lugar, pese a no tener cifras precisas, el trabajo pesado
en las minas y pozos petroleros ha ocasionado diversas
discapacidades sobre los trabajadores, igualmente afectación por el
uso indiscriminado del glifosato, ha generado discapacidad a los
campesinos, agricultores y familias especialmente las madres
gestantes. En tercer lugar, desde una perspectiva socio-económica
ligada al modelo social de la discapacidad, los modelos económicos
sustentados en la extracción minera y petrolera excluyen laboral y
profesionalmente a las personas con discapacidad e incluso no
permiten valorar el potencial de sus capacidades en el campo de la
producción económica, agravado por los efectos de la pandemia
Covid 19 ; de forma que es solo en los modelos de las economías de
tercer sector, donde la población con discapacidad y sus familias
puede verdaderamente liberar toda su capacidad y fuerza
productiva. En tal sentido, es en el sector de venta de servicios, en
el sector de la manufactura y comercialización de objetos acabados
o en el sector del turismo donde se puede evidenciar el máximo de
potencialidad laboral y productiva de las personas con discapacidad
y sus familias; que de acuerdo con el banco Mundial puede
representar entre el 5 y 6% del producto interno bruto.
Más de la mitad de la población con discapacidad es de bajos
recursos y recibe atención médica subsidiada por el Estado. Dentro
de la población con discapacidad hay más desempleo y carencia de
trabajo de calidad, con predominio del trabajo informal, sin
prestaciones sociales. (CONPES 166 Pág. 27).
De forma que la superación de la exclusión laboral de las personas
con discapacidad, no solo requiere de ajustes razonables y
diferenciales, sino de la implementación y seguimiento reforzado de
la jurisprudencia vigente para tal fin y a su vez, el ejercicio real
constitucional de la responsabilidad social del sector empresarial.
En tal dirección inicialmente proponemos:
• Ampliar las tecnologías de la información, y la comunicación TIC
(Tecnologías de la información y las comunicaciones), TAC
(Tecnologías del aprendizaje y el conocimiento) y TEP (Tecnologías
del empoderamiento y la participación) como herramientas para
una verdadera educación
• Disponer del 6% de cupos disponibles en el SENA para personas
con discapacidad, de forma que se pueda aumentar y garantizar el
acceso, permanencia y egreso de esta población en la formación
para el trabajo. Este mecanismo de cuotas debe priorizar a las
mujeres con discapacidad y debe estar acompañado por el apoyo y
financiamiento del sector privado.
• La Presidencia de la Republica coordinará con todas las
instancias nacionales, para que se dé estricto cumplimiento en el
enfoque diferencial e inclusión para la población con discapacidad
basados en los derechos fundamentales de la Constitución Política
Nacional, Ley 1618 de 2013, Ley 1616 de 2013, Ley 1752 de 2015,
decreto 2011 de 2017, decreto 2177 de 2017, la Convención
Internacional de Derechos Humanos de personas con discapacidad,
en el tema de accesibilidad arquitectónica, actitudinal en las
instituciones, teletrabajo, transporte, horarios flexibles y facilitar las
ayudas técnicas requeridas para el desarrollo de las labores de
acuerdo a la discapacidad de cada persona, y reglamentara para las
respectivas sanciones a los funcionarios por el incumplimiento.
• Todas las políticas públicas de vinculación laboral de personas con
discapacidad deben contemplar y asegurar condicionadamente una
dimensión de la flexibilidad laboral que tiene como punto de
partida la práctica contemporánea del teletrabajo, así como la
comprensión de las condiciones particulares de cada trabajador con
discapacidad.
• Establecer mecanismos efectivos para la verificación de
vinculación laboral de personas con discapacidad en los procesos de
licitación y contratación pública, de entidades privadas e
instituciones del estado.
• Garantizar en la reforma pensional una acción de
reconocimiento a las personas que han podido cotizar a la
seguridad social, reconociendo el derecho a la pensión con el 50%
de cotización general y la edad se subsane por la discapacidad.
(Pensión de cotización con el 50% y mesada del 100% del smmv).

5. PROMOVER UNA ECONOMÍA LOCAL RURAL CON INTERCAMBIOS EQUITATIVOS CON EL SECTOR URBANO.

La modernización de la ruralidad colombiana es esencial e
imperiosa, dado que tal como se conoce actualmente profundiza la
exclusión social, acentúa las prácticas de estigmatización y el atraso
poblacional. La vigente realidad de la ruralidad colombiana, ha
propiciado el aislamiento de las personas con discapacidad y sus
familias de la cadena de valor de la producción económica agraria,
así como a restringido los procesos de modernización local que
permitan la absoluta autonomía y accesibilidad regional de esta
población en el campo. Se podría decir que es una nueva dimensión
de la ruralidad, ligada a la profundización de un nuevo modelo
económico que fortalezca y modernice la producción agroindustrial
y libere las economías rurales de segundo y tercer sector, la
estrategia idónea para transformar la anulación que se ha ejercido
sobre las mujeres y hombres del campo con discapacidad del
contexto rural del país.
Las personas con discapacidad enfrentan dificultades para la
generación de ingreso y poder adquisitivo para la atención de sus
necesidades básicas, se propone la una pensión sustitutiva no
contributiva, en armonía con la necesidad de una renta básica
universal como derecho fundamental que mejore la calidad de vida.

En esta dirección proponemos de forma inicial:

• Destinar un porcentaje específico de las regalías a programas
de atención a personas con discapacidad en zonas rurales de
municipios y departamentos, donde se realicen actividades de
extracción minero energética. Este porcentaje debe estar
relacionado y concurrir al porcentaje de personas con discapacidad
localizada y caracterizadas en los territorios.
• Establecer un programa audaz de financiamiento que permita
la inserción productiva de las personas con discapacidad y sus
familias del sector rural, de forma que se puedan generar empresas,
cuyo énfasis sea la manufactura, el turismo comunitario y
ambiental, la agroindustria y todo lo relativo a la economía de
tercer sector.
• Establecer en el articulado de la reforma pensional una
pensión de carácter no contributivo, para personas con
discapacidad que a causa de su grado mayor de dependencia no
puedan insertarse de forma efectiva al sector productivo y laboral.
Pensión con cotización sobre la base del 30% del SMM con mesada
con base al 70% del SMMLV

6. GARANTIZAR LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL Y AMBIENTAL.

Por lo anterior lo proponemos:
• Dar continuidad sin barreras, a la implementación de los
Acuerdos de paz de La Habana, así como a la Ley 1448 de victimas,
con la reparación administrativa inmediata de las víctimas con
discapacidad y sus familias, de forma que se disminuya la crisis
humanitaria por la cual atraviesan.
• Establecer y generar programas y acciones de financiación
público-privada para proyectos productivos que permitan la
equiparación de oportunidades de los diferentes actores armados
con discapacidad que han intervenido en el conflicto interno.
• Establecer un espacio efectivo interinstitucional y social de
control y seguimiento a los lineamientos de la convención de
Ottawa, respecto al desminado humanitario.
• Establecer un fondo especial, financiado a partir de la
apropiación del 6% de presupuesto destinado al sector de
seguridad y defensa, para garantizar tanto la inserción socio laboral
y educativa de la población con discapacidad víctimas de minas
antipersonal, artefactos explosivos y munición sin explotar; así
como para la investigación tecnológica y la rehabilitaciónhabilitación.
• Fomentar y financiar investigaciones y acciones institucionales
como los del Centro de memoria, de la comisión de la verdad y de
los centros de educación superior, que permitan documentar,
esclarecer y dar cuenta sobre la ejecución extrajudicial de personas
con discapacidad (casos de falsos positivos), así como de la
explotación, violencia y abuso de niños, niñas y mujeres con
discapacidad durante el conflicto armado; de forma que se puedan
establecer las responsabilidades desde las competencias de la rama
judicial.
• Establecer de los recursos del ministerio de salud, así como
del fondo común para la paz, un porcentaje específico para la
construcción de un programa integral para la atención y prevención
de la discapacidad psicosocial, teniendo en cuenta que esta
discapacidad es la menos visible pero la más recurrente como
efecto traumático de los conflictos armados, las inequidades
sociales y los efectos de la pandemia.
● Dar cumplimiento Política de Desarrollo Agrario Integral,
reconociendo las 500 mil víctimas registradas desplazadas y
despojadas de su territorio
● Garantizar vivienda accesible para la población con Discapacidad
y sus familias
● Establecer un mecanismo interinstitucional y social que garantice
la reducción efectiva de los riesgos socio-ambientales en el
marco del conflicto armado que generan discapacidad.

7. TRANSFORMACIÓN DE IMAGINARIOS ACTITUDES PRÁCTICAS Y COMPORTAMIENTOS DISCRIMINATORIOS DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA, COMO BARRERAS EN EL RECONOCIMIENTO DEL SUJETO SOCIAL Y POLÍTICO DE LA DISCAPACIDAD.

SUSCRIBIMOS ESTE MANDATO POR LA DIGNIDAD

1. ASOCIACIÓN DE APOYO PARA EL DISCAPACITADO, CAUCA.
2. ASOCIACION DE DISCAPACITADOS ABRIENDO PUERTAS,
SOLEDAD- ATLANTICO
3. ASOCIACIÓN AGUSTINIANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
ADINSA, HUILA.
4. ASOCIACIÓN DE SOBREVIVIENTES DE MINAS ANTIPERSONAL
MUNICIÓN SIN EXPLOSIONAR Y TRAMPAS EXPLOSIVAS «UNIDOS
POR LA VIDA». CAQUETÁ.
5. ASOCIACION EL PROGRESO- ARAUCA
6. ASOCONELAEC- FIRMANTES DEL ACUERDO DE PAZ, NACIONAL
7. ASOLIMAR- EL RELATOR, BOGOTA
8. ASOTRADISARAUCA, ARAUCA
9. ACEMPRELIV, BOGOTA
10. ASOTRADISNORT, NORTE DE SANTANDER
11. ASOVISMAT -AETSBO, SOACHA
12. CLUB GUERREROS FÚTBOL 5 CIEGOS, VALLE DEL CAUCA
13.COLECTIVO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL
14. COLECTIVO FUERZA INCLUYENTE, ANTIOQUIA
15.CORPORACION TRES – TRABAJO REGIONAL DE EMERGENCIA Y
SOLIDARIDAD, BOGOTÁ
16.DISCAPACIDAD CAPACITADA, BOGOTA
17.DIVERSAMENTE, VEEDURIA CIUDADANA, NACIONAL
18. ECCO MUJERES CON DISCAPACIDAD
19. EQUIPO MJP FEGOVID
20. FUNDACIÓN ESTAMOS UNIDOS TREXV, TRABAJADORES
EXTRABAJADORES Y VIUDAS DE LA MULTINACIONAL DRUMMOND,
NACIONAL
22.FUNDACIÓN GRANDES TRANSFORMACIONES, VALLE DEL CAUCA
22.FUNDACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO
DE TIMBIQUÍ «FUNDISTIM», CAUCA
23.FUNDACIÓN ESTAMOS UNIDOS TREXV ENFERMOS DE
DRUMMOND «FUNESUNT»NACIONAL
24.FUNDACIÓN MANOS QUE TRABAJAN PARATI, CASANARE
25.FUNDACION MANOS UNIDAS FUERZAS UNIDAS, SANTA MARTHA
26.FUNDACIÓN PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD
DE COLOMBIA – FUNPEDISCOL, GALERAS, SUCRE
27.FUNDACIÓN YUNIS: TEJIENDO NUEVOS SENTIDOS CON LAS PCD,
TOLIMA
28.FUNDACION MANOS QUE TRABAJAN PARA TI
29. FUSAM CULTURAL, BOYACÁ
30. FUNDACION INCLUSION EN ACCION, SOLEDAD
31. FEDERACION NACIONAL DE GREMIOS FEDENGRE MEDELLIN
32.GRUPO DE TRABAJO CLACSO ESTUDIOS CRÍTICOS EN
DISCAPACIDAD AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
33.MOVIMIENTO SOCIAL DE DISCAPACIDAD COLOMBIA – MOSODIC
– NACIONAL
34.MOSODIC -CAPITULO ECUADOR
35.MOVIMIENTO VIDA INDEPENDIENTE COLOMBIA
36.MULTIDIS, MEDELLIN
37.NEURONABEBE, BOGOTA
38.NODO ALAS, CASANARE
39.PADY, NARIÑO
40.PERIÓDICO PROCLAMA, BOGOTA
41.REDCIESD, BOGOTA
42.SINTRAEMER, BOGOTA
43. UNIÓN ANTIOQUEÑA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL
44.VEEDURÍA DE LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN
DE DISCAPACIDAD.
45. FUNDACION SEMILLAS DE CRISTO.
PACTO POR LA INCLUSION Y LA GARANTIA DEL GOCE EFECTIVO DE
LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDA

RETOS Y PERSPECTIVAS DE LOS DDHH DE DISCAPACIDAD EN EL GOBIERNO DEL CAMBIO
POBLACION CON DISCAPACIDAD COMO POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA